Una de las reivindicaciones del sector agrícola murciano sobre la antigua ley del Mar Menor y sobre la próxima Ley integral del Mar Menor que se debatirá en la Asamblea Regional es, la sobre-legislación e intervencionismo en la producción agrícola del Campo de Cartagena.
En cuanto a la sobre-legislación e intervencionismo, no es que un servidor o cualquier otra persona esté en contra o favor de estas teorías económicas, si no que tanto las antiguas leyes, como la futura, solo acometen en parte esas teorías económicas, solo se producen sobre la forma de producción, sin tener en cuenta, los requisitos de los mercados, ni las exigencias de los consumidores, ni las necesidades básicas de la población. Por lo que si se opta por esa forma de dirigir y gobernar, deberían ser las Administraciones las que asuman las consecuencias del producto y resultado final, de esa nueva agricultura que proponen, pues suele suceder que los consumidores no se ajusten a nuestras conveniencias productivas.
Como hasta el momento parece ser que no contemplan esas medidas, dejarían a todos los productores en la indefensión, al tener que realizar una prácticas agrícolas inviables al no poder mantener las producciones con las reglas de consumo actuales en España y Europa y máxime en un sector tan expuesto a los caprichos de la naturaleza. Ante un entorno de un cambio climático, ante una situación de precipitaciones como las de esta campaña pasada, limitan más aun las herramientas de contra-medida. Es más ni se plantean, ni aparece en ningún momento la compensación, subvención o indemnización sobre las fincas y parcelas de agricultores y o propietarios, ya sean agricultores o pensionistas que viven de la renta de su trozo de terreno.
Si yo fuera propietario de terreno en el Campo de Cartagena, me preocuparía por las enmiendas, para ver definitivamente la pérdida de valor que va a sufrir mi terreno.
Se modifican todas sus prácticas, se imponen métodos, se les hace incurrir en sobre-costes, incluso se eliminan zonas productivas e insumos, siempre hablando de parcelas que cumplen los requisitos legales. Porque se entiende que se está legislando sobre lo legal, lo ilegal ya debería de estar eliminado, y no se está legislando de forma generalista tampoco, porque eso es igual de cruel que decir que todos los políticos son unos corruptos.
Sería difícil pedir que la opinión pública cambie su concepto sobre los políticos, si los políticos legislaran en base al principio de que todos los agricultores explotan a sus trabajadores y esquilman a la naturaleza.
Otra de las cuestiones que preocupa es el plazo que tardara en esa legislación aplicarse a todas las zonas productivas del Sureste español, que será en un futuro, más próximo que lejano.
Probablemente se inicie ese proceso en cuanto el acuífero se considere en riesgo químico, tan pronto se declararen vulnerables los acuíferos de Marina de Cope, Valle de Guadalentín, en condiciones similares a los del Campo Cartagena, tan pronto políticamente sea interesante igualar esas zonas con las de producción en regiones como Almería y Alicante.
Artículo de opinión publicado por Javier Soto Martínez, vicepresidente de Proexport (Agrar Systems S.A)
