Pablo Molina, periodista de La Verdad de Murcia, expone su punto de vista acerca de la reforma de la ley del Mar Menor y sus restricciones a la labor agrícola
“En estos momentos se ciernen sobre el sector agroalimentario diversas amenazas simultáneas, a saber: la reforma de la ley del Mar Menor, la nueva iniciativa de la CHS sobre las aguas subterráneas, el proyecto castellano-manchego de poner fin al Tajo-Segura y la intención expresa del Gobierno de España de llevar a efecto ese cierre definitivo”
Los agricultores no son culpables de la degradación del Mar Menor. La afirmación tiene un marcado tinte revolucionario dado el consenso actual que atribuye a la agricultura del Campo de Cartagena todos los males de la laguna, pero ya que los principales partidos con presencia regional (todos salvo Vox y Podemos, si bien por motivos opuestos) han decidido machacar a uno de los sectores punteros de nuestra economía regional, es de justicia que alguien alce la voz en su defensa.
Vaya por delante que el que suscribe no tiene intereses en el ramo y su vinculación con el mundo agrario es meramente sentimental, como hijo de obrero del campo y trabajador eventual desde bien joven cuando las vacaciones escolares lo permitían. Sirva lo anterior como pliego de descargo para los inquisidores habituales, que suelen atribuir a la existencia de intereses ocultos los motivos de que alguien les lleve la contraria.
El Mar Menor es una zona marina especialmente sensible, donde siguen llegando vertidos urbanos sin depurar bien entrado el siglo XXI. ¿Qué han hecho los municipios ribereños con los abultadísimos ingresos procedentes de las recalificaciones urbanísticas durante los años del ladrillo? No se sabe, pero lo que parece evidente es que no los dedicaron a la depuración de sus aguas o a los graves problemas de sus redes de saneamiento. Lo asombroso es que hemos visto a esos alcaldes llevar la pancarta en las manifestaciones por el Mar Menor con toda naturalidad. ¿Saben estos responsables políticos que se estaban manifestando contra ellos mismos?
Ni los Ayuntamientos, ni la Comunidad autónoma ni la Confederación Hidrográfica del Segura han cumplido con su deber a lo largo de todos estos años, porque de haberlo hecho no estaríamos en esta situación. Pero lo fácil en estos casos no es analizar con rigor un problema de extrema complejidad, sino buscar a un culpable que no se pueda defender y acusarlo ante toda la sociedad. En esa fase estamos.
En estos momentos se ciernen sobre el sector agroalimentario diversas amenazas simultáneas, a saber: la reforma de la ley del Mar Menor, que establecerá (por amplio consenso) restricciones muy importantes a la labor agrícola, la nueva iniciativa de la CHS sobre las aguas subterráneas (más restrictiva aún), el proyecto castellano-manchego de poner fin al trasvase Tajo-Segura y la intención expresa del Gobierno de España de llevar a efecto ese cierre definitivo para luchar contra el calentón global y evitar que la temperatura media de la Tierra suba medio grado en 2100.
Al final se impondrá el proyecto del PSOE Murciano, que quiere hacer una suerte de reconversión del Campo de Cartagena como se hizo en la industria pesada del norte de España a comienzos del felipismo. Pero la mayoría de los obreros agrícolas de la zona no tienen estudios ni otra forma de ganarse la vida. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los convertimos en catedráticos de estudios de género y los colocamos en la Universidad? No parece que haya alumnos para tanto profesorado. Y se trata de 40.000 familias que van a ver cómo su modo de vida se dirige hacia la indigencia. ¿Solución? Coño, pues un PER como en Andalucía y Extremadura, a ver si así el Campo de Cartagena deja de ser un caladero de votos de la derecha y comienza a florece la rosa socialista. Lo realmente asombroso es que los dirigentes del PP se preste a este enjuague y presuman de un consenso del que van a salir perjudicados, pero allá ellos con sus esquizofrenias.
Un agricultor del Campo de Cartagena es un señor al que un presidente del Gobierno de su país le prometió hace dos décadas que habría un Plan Hidrológico Nacional para traer agua de los excedentes de las cuencas norteñas, lo que garantizaría su trabajo y el de las generaciones de agricultores venideras. El presidente que vino después canceló ese proyecto y el ocupante posterior de La Moncloa, a donde llegó con la mayoría más aplastante que se recuerda, no lo recuperó. Ahora, las delegaciones regionales de ambos partidos (PSOE y PP), con el estrambote de Ciudadanos, sin duda el partido más ridículo del panorama regional, han decidido darle la puntilla.
Hoy, día 22, se reunirán en el ‘Parlamentico’ local para celebrar la ruina de 40.000 familias con bajos recursos. Enhorabuena a los tres. No lo olvidaremos.