<p>La jornada <strong>“Todo sobre la Ley de Cadena Alimentaria”</strong>, organizada por PROEXPORT y Ailimpo, con el patrocinio de Cajamar, ha dejado abiertos varios interrogantes especialmente en las exportaciones hortofrutícolas, que deberán despejarse con el desarrollo normativo y la aplicación de la norma.</p>
<p>El <strong>director de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA),</strong> <strong>José Miguel</strong><strong> Herrero</strong><strong>, </strong>destacó en su intervención la potestad inspectora y sancionadora que concede la Ley a la Administración pública, con el objetivo de proteger a la parte más débil de las transacciones comerciales del sector agroalimentario. La Ley, que entró en vigor el pasado 3 de enero, <strong>surge ante la existencia de desequilibrios en las relaciones comerciales</strong> entre los operadores de la cadena de valor agroalimentaria, que derivan en <strong>prácticas comerciales potencialmente desleales y contrarias a la competencia</strong> que distorsionan el mercado.</p>
<p>Entre las novedades que impone la Ley de Cadena Alimentaria, el director de la AICA recalcó la obligación de <strong>formalizar por escrito los contratos alimentarios</strong>, siempre que superen los 2.500 euros y el pago no se realice al contado. Esta obligatoriedad, según el director de AICA, se impone tanto a las transacciones comerciales nacionales como aquellas en las que el destino del producto es la exportación.</p>
<p>En este sentido, el director de Fepex, José María Pozancos, denunció durante su intervención, que esta obligatoriedad “ha impuesto nuevas obligaciones formales” que irán detrimento de las exportaciones españolas frente a otros países competidores, lo que “genera incertidumbre” en el sector hortofrutícola nacional.</p>
<p>Por este motivo, el presidente de PROEXPORT, Juan Marín Bravo, ha destacado que aún es pronto para conocer el impacto que tendrá sobre los próximos contratos comerciales, puesto que existen muchas dudas respecto a cómo esta Ley será aplicable en las transacciones con operadores internacionales.</p>
<p>La actuación por parte de la AICA puede iniciarse bien por denuncia o a través de inspecciones de funcionarios y se tipifican infracciones leves (sanciones de hasta 3.000 €), graves (entre 3.001 € y 100.000 €) y muy graves (entre 100.001 € y 1.000.000 €). La potestad sancionadora de la Ley se comparte, según los supuestos, entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, razón por la que los ponentes solicitaron además una aplicación uniforme que no genere distorsiones entre territorios.</p>
<p>La Ley de Cadena Alimentaria crea además el <strong>Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria</strong>, de carácter voluntario, que incluye la obligación de someterse a un sistema de resolución de conflictos.</p>
<h3><a href="https://www.proexport.es/comunicacion/ficha_noticia.aspx?frmid=338">PROEXPORT y AILIMPO analizan los desequilibrios comerciales en la jornada "Todo sobre la Ley de la Cadena Alimentaria"</a></h3>
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