Fitosanitarios, nada más que medicinas para las plantas

Es la RAE la que define los fitosanitarios como: “perteneciente o relativo a la prevención y curación de las enfermedades de las plantas”. Es decir, se pueden asimilar con los ‘medicamentos’ que evitan que un cultivo se enferme. Son precisamente esos productos los que ayudan, adecuadamente administrados, a controlar las plagas y enfermedades que afectan a las plantas y que pueden conllevar gravísimas pérdidas de la producción y la ruina de los agricultores. Además, en un mundo global como el actual, los problemas de sanidad vegetal dejan de ser locales para moverse rápidamente por el planeta. Alimentar a una población que se estima superará los 9.800 millones de habitantes en 2050 es uno de los principales retos a los que se enfrenta el sector agroalimentario. Conseguirlo en un contexto en el que los recursos son escasos y la sociedad no mira con buenos ojos el uso de productos fitosanitarios, complica aún más esta labor.

Sin embargo, los controles sanitarios actuales nos permiten presumir de vivir en el periodo de mayor seguridad alimentaria de toda la historia. Así lo declara la Agencia Europea para la Seguridad Alimentaria (EFSA) y queda patente en su último informe: de las más de 80.000 muestras de productos hortofrutícolas analizadas, el 96,2% se encuentran por debajo de los Límites Máximos de Residuos (LMRs) autorizados por la UE, una cifra que en España alcanza el 96,8%.

Y aún más allá de la normativa comunitaria vigente, las empresas productoras deben certificarse por organismos privados que acrediten que cumplen dicha normativa de una forma aún más restrictiva, estableciendo una serie de controles internos y de auditorías anunciadas o no, cuya certificación depende del país de destino del producto.

Además, cada cliente de los productores (cadenas de supermercados o procesadores) puede imponer sus propios requisitos que incluso pueden ser más estrictos que los de la normativa actual, la cual ya garantiza la seguridad alimentaria. ¿Y esto por qué? Entiendo que todo puede venir por unos intereses comerciales e ideológicos. El primero es claro, por oportunidad de negocio y diferenciación del producto, y el segundo viene dado por grupos de presión, básicamente ecologistas. Si ya existe en la Unión Europea una potente legislación fundamentada en estudios científicos que avalan la seguridad alimentaria con la que producimos, ¿por qué modificar esos criterios?

La presión mediática que ejercen dichos grupos puede inducir a engaños a la sociedad, a los legisladores y las cadenas de distribución, argumentando supuestas ventajas para la salud o el medio ambiente. Se oculta, sin embargo, que las crecientes restricciones al uso y autorizaciones de fitosanitarios están provocando un retroceso en aspectos técnicos y científicos de la producción agraria europea, además de ir en contra de las buenas prácticas agrícolas.

Si a esto añadimos que cada país tiene su propia legislación que regula de forma diferente el uso de formulados fitosanitarios aprobados por la UE, nos encontramos con que los productos fitosanitarios autorizados son diferentes para un mismo cultivo en cada país.

El firme compromiso de nuestra empresa y de los asociados a Proexport con las mejores prácticas agrarias trasciende a los intereses de nuestra agricultura, y beneficia al conjunto de la Región de Murcia. Por ello los agricultores estamos especialmente implicados en conocer y aplicar los últimos avances en materia de sostenibilidad medioambiental, que nos permitan seguir produciendo a la vez que conservar el entorno. También precisamos que los controles sean igualitarios para todos los productores, sin distinción del tamaño de la explotación. Facilitaríamos así que desde el más pequeño al más grande, todos cumpliésemos con la legislación vigente y trabajásemos unidos en pro del desarrollo y mejora del sector y sus trabajadores, de la sociedad murciana y el medio natural.