Mariano Zapata: “Murcia y el sureste español necesitan muy poca agua para producir hortalizas y frutas en relación al total disponible en España”
La exportación española de frutas y hortalizas frescas cerrará 2023 con un crecimiento del 5% en valor, situándose entre 16.600 y 16.800 millones de euros, según las estimaciones de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas vivas (FEPEX) que comparte Proexport, en un año marcado por la climatología adversa y en especial por la sequía, la ascendente competencia de países terceros y la adaptación a la creciente regulación de la actividad productiva y comercial, tanto nacional como comunitaria.
Para FEPEX y PROEXPORT, el valor de la exportación española de frutas y hortalizas frescas en 2023 crecerá un 5% respecto a 2022 y se situará entre 16.600 y 16.800 millones de euros, y el volumen será menor a los 12 millones de toneladas de 2022, según las estimaciones basadas en datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales hasta octubre. Hasta ese mes la exportación hortofrutícola se redujo un 6% en volumen y aumentó el mismo porcentaje en valor, totalizando 9 millones de toneladas y 13.470 millones de euros respectivamente.
La importación mantendrá la tendencia al alza, en línea con lo que ha venido ocurriendo los últimos años. Hasta octubre la importación ha aumentado un 8% en volumen y un 19% en valor, ascendiendo a 3,3 millones de toneladas y 3.638 millones de euros. El crecimiento continuado de la importación en el mercado nacional y también en el comunitario es precisamente uno de los hechos que están marcando la evolución del sector hortofrutícola. En la UE, la importación procedente de países terceros hasta septiembre de 2023 ha crecido un 12% respecto al mismo periodo del año anterior, totalizando 13.907 millones de euros, impulsada por la divergencia regulatoria en materia laboral, social, fitosanitaria… existente entre los productores comunitarios y extracomunitarios, haciendo del modelo comunitario cada vez menos competitivo.
Este año ha estado también marcado por la climatología adversa y en especial por la sequía, que ha agravado el problema de falta de recursos hídricos en las principales zonas productoras de frutas y hortalizas. Por ello, tanto FEPEX como PROEXPORT consideran que la disponibilidad de agua con un volumen y precio asumible constituye una variable determinante para el futuro de la producción y exportación.
En este sentido, la semana pasada el presidente la Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia (PROEXPORT), Mariano Zapata, señalaba que “Murcia y el sureste español necesitan muy poca agua para producir hortalizas y frutas en relación al total disponible en España” y hacía un llamamiento al Gobierno para alcanzar “pactos con sentido de Estado que aseguren el Trasvase Tajo- Segura y contar, adicionalmente, con otros recursos provenientes de aguas subterráneas, la desalación o la reutilización de aguas regeneradas”.
También se considera determinante para el futuro una revisión del marco regulatorio actual, tanto nacional como comunitario, que prioriza el control de la gestión de las explotaciones y las tesis medioambientalistas, sin tener en cuenta las características específicas de la producción hortofrutícola y su capacidad para aportar valor a la economía y sociedad. Añade PROEXPORT que, en la Región de Murcia, la actual Ley del Mar Menor necesita una revisión urgente de aquellos artículos que carecen del suficiente rigor técnico o que penalizan la actividad agraria sostenible de la zona, sin proteger con ello la laguna salada.
En este sentido, en el ámbito de la producción preocupa especialmente la nueva subida del SMI, que impulsa los costes laborales en un sector en el que la mano de obra puede suponer hasta un 45% de los costes de producción en algunos cultivos. Preocupa, igualmente, la reducción progresiva de fitosanitarios, que afecta a los rendimientos, la calidad y seguridad alimentaria. Y en cuanto a la comercialización, FEPEX advierte que la obligación de venta a granel en formatos menores a 1,5 kilos cuenta con la oposición del sector productor y el retail, porque haría prácticamente inviable la estrategia de diferenciación por origen y calidad y multiplicaría el desperdicio en tienda.